6 jun. 2012

Aguirre quiere el control total del patrimonio protegido

La Comunidad de Madrid estudia agilizar los trámites administrativos para facilitar el tratamiento y la protección del patrimonio histórico regional.

30-05-2012
Pero ello pasaría, según el anteproyecto de ley de Patrimonio Histórico que ha comenzado a estudiarse, por aumentar la potestad regional en detrimento del papel de los ayuntamientos en esta materia.
Según el borrador del anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico que ha desarrollado la Consejería de Cultura, al que ha tenido acceso Madridiario, la Comunidad considera necesario modificar el régimen jurídico del patrimonio histórico para simplificar la normativa y agilizar los trámites administrativos. La nueva filosofía, que entronca con las medidas de flexibilización urbanística que están perfilando las administraciones en sus normativas y planeamientos, consiste en que los particulares participen activamente en el proceso de conservación del patrimonio, "frente a su papel pasivo" y "la tradicional concepción de norma predominantemente prohibitiva" de la administración.

La Comunidad asume totalmente la potestad en todas las decisiones relativas al patrimonio histórico. La colaboración con los ayuntamientos, que en la normativa vigente "es un deber genérico y una parte de la atribución de competencias a los municipios para un control más eficaz de la protección del patrimonio histórico, incluida la potestad sancionadora", se diluye en el texto del nuevo documento. De hecho, la norma en estudio convierte en posible, aunque no obligatoria, como fija la ley actual, la creación de comisiones locales dedicadas al tratamiento de estos bienes.
Esta situación abre la puerta a una eliminación de dichos entes. Si así fuese, Madrid sería la ciudad más afectada. La capital cuenta con la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (Ciphan). Este organismo, integrado por las administraciones municipal y regional, así como por distintas entidades técnicas independendientes, es la institución encargada de tramitar cualquier intervención sobre patrimonio protegido. A pesar de que su actividad es semanal, su tramitación es muy lenta por el enorme volumen de expedientes que tiene que atender, muchos de ellos sobre asuntos de mínima importancia. La intención, según algunos de los expertos consultados, sería eliminar esta entidad para acelerar las intervenciones sobre el patrimonio protegido de la ciudad.
El decano del Colegio de Arquitectos, José Antonio Granero, cree, sin embargo, que la Ciphan no desaparecerá aunque reducirá su actividad ya que únicamente estudiará los grandes proyectos que afecten a espacios o inmuebles protegidos. De esta forma, las intervenciones menores quedarían en manos de la inspección urbanística y patrimonial de las administraciones. En su opinión, no se puede pasar del exceso de regulación a la carencia total con la excusa de la agilización administrativa porque eso podría suponer importantes afecciones al patrimonio protegido madrileño.

Silencio positivo
La Ciphan no sería el único organismo que podría desaparecer. En la nueva norma no se cita siquiera al vigente Consejo Regional de Patrimonio Histórico, ya que se dejaría toda la capacidad de decisión en manos de la Dirección General de Patrimonio. Aparte de estas variaciones, caben destacar las modificaciones en tiempos y formas de tramitación. La declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), desde la fecha de solicitud, tendría un plazo máximo de formalización de nueve meses (seis menos que en la legislación actual) y, si caduca el expediente, podría presentarse otra solicitud en un año, frente a los tres actuales. Los informes regionales preceptivos sobre cambios de planeamiento que afecten a bienes de patrimonio histórico catalogados serían aprobados por silencio administrativo a los tres meses de la petición. También se usaría la fórmula del silencio administrativo positivo con un plazo de dos meses para aquellas intervenciones en bienes muebles e inmuebles de interés patrimonial que requirieran autorización previa. No ocurriría así con los BIC, en los que el silencio administrativo sería negativo.

El documento incluye una nueva categoría dentro de los BIC: se trata de los bienes inmateriales, que podrán ser declarados Hechos Culturales. El nuevo texto ampararía así decisiones como la que tomó Esperanza Aguirre en defensa de la tauromaquia en la región. El anteproyecto de ley da cabida también, en el catálogo de bienes históricos protegidos, a los documentos y la bibliografía que se estime oportuna, y descarta la intención de crear un museo etnológico regional, tal y como plantea la legislación actual. Por otra parte, obligaría a incluir las fortificaciones de la Guerra Civil Española entre los bienes catalogados por el planeamiento municipal.

Sin embargo, las sanciones por incumplimiento de la Ley no se actualizarían e incluso bajarían en los casos más graves pues pasarían de 1,2 millones a 1 millón de euros, a pesar de que han pasado 15 años de la redacción de la norma actual. En este aspecto, los entes locales también perderían atribuciones, ya que el texto no recoge su potestad sancionadora.

Fuentes de la Consejería de Cultura han minimizado el alcance del texto que está siendo entregado a colegios profesionales e instituciones. Aseguran que se trata tan solo de un documento interno de trabajo y que estará sometido a cambios durante toda su tramitación, si bien esta afirmación contrasta con la cuidada elaboración de un texto que, a lo largo de sus 25 páginas, se estructura como una auténtica ley.

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